En un contexto económico donde cada peso cuenta, la incertidumbre sobre los haberes jubilatorios marca la agenda inmediata de los beneficiarios del sistema previsional argentino. Sin un nuevo régimen de actualización confirmado, la Anses continúa operando bajo la Ley de Movilidad vigente, lo que implica que los ajustes se realizan de forma trimestral. Esto significa que para febrero no habrá cambios nominales respecto a enero y diciembre: se mantiene el incremento del 20,87% aplicado a fines del año pasado.
Los números para el bolsillo del jubilado
Para pasar en limpio los montos que se van a cobrar, hay que considerar el esquema de bonos. El Gobierno confirmó la continuidad de la ayuda económica previsional de $55.000. Este refuerzo está dirigido a quienes perciben la jubilación mínima y a aquellos que superan esa base hasta alcanzar un tope de $160.712,61, según lo estipulado en el decreto 116/2023.
En concreto, la jubilación mínima queda fijada en $105.713. Este es el valor de referencia que percibe mensualmente casi el 65% de los titulares del régimen general, salvo que aparezcan medidas de último momento. Por otro lado, las Pensiones No Contributivas (PNC), cuyo cálculo representa el 70% de una mínima, se ubican en una cifra básica de $73.999.
Es fundamental aclarar quiénes tienen derecho a percibir este bono de $55.000. El beneficio abarca a los titulares de prestaciones contributivas a cargo de la Anses, a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a quienes cobran Pensiones No Contributivas, ya sea por vejez, invalidez o por ser madres de siete hijos o más.
El mapa de las Pensiones No Contributivas
Dentro del universo de la seguridad social, las PNC cubren a sectores en situación de vulnerabilidad que no cuentan con aportes. Se destacan cuatro categorías principales:
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Por Invalidez: Enfocada en personas que, por problemas de salud y vulnerabilidad social, enfrentan barreras para su plena inclusión.
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Madres de 7 hijos: Una prestación vitalicia para mujeres con siete o más hijos (incluidos adoptados), sin restricciones de edad o estado civil.
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Por Vejez: Para mayores de 70 años sin otra cobertura. Un dato no menor es que, ante el fallecimiento del titular, el derecho puede transferirse al viudo, viuda o concubino mayor de 70 años incapacitado que haya convivido con el titular los últimos cinco años.
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Personas con VIH y/o Hepatitis: Bajo la Ley 27.675, destinada a quienes atraviesan una situación socioeconómica precaria.
Para gestionar cualquiera de estos trámites o consultar fechas de cobro, es indispensable contar con la Clave de la Seguridad Social. Quienes aún no la tengan, pueden generarla de manera virtual en el sitio de la Anses con su número de CUIL y de trámite del DNI, eligiendo una contraseña segura de entre 8 y 12 caracteres.
Nuevos vientos en la regulación internacional de fondos de retiro
Mientras la urgencia local pasa por el calendario de pagos, en el plano internacional los reguladores están poniendo el foco en la eficiencia a largo plazo y la transparencia de los sistemas de capitalización. La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) y el Regulador de Pensiones (TPR) han lanzado una nueva consulta sobre el marco de “Value for Money” (VFM) o Valor por Dinero para los esquemas de pensiones de contribución definida (DC).
El objetivo de esta propuesta, cuya consulta finaliza el 8 de marzo de 2026, es estandarizar cómo se mide el rendimiento de los fondos de retiro, tanto para esquemas basados en contratos como en fideicomisos. La normativa busca terminar con la opacidad en los rendimientos y obligar a los administradores a rendir cuentas de forma clara.
Un semáforo para medir la eficiencia
El corazón de esta reforma es un sistema de clasificación visual tipo semáforo (RAG rating) que evaluará los planes predeterminados de inversión. A diferencia de las propuestas anteriores, se plantea un sistema de cuatro niveles:
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Verde oscuro: El fondo supera a la mayoría de sus competidores y requiere mejoras mínimas.
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Verde claro: Ofrece valor por el dinero, pero hay áreas ajustables.
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Ámbar: No está rindiendo como debería, pero el gestor cree que puede corregirlo en un plazo de tres años.
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Rojo: El fondo no sirve y no hay perspectivas de mejora a corto plazo.
Si un fondo cae en las categorías ámbar o rojo, la normativa exigirá acciones inmediatas, que van desde notificar a los reguladores y empleadores, hasta cerrar el esquema a nuevos ingresos o transferir a los afiliados a planes más rentables.
Además, se propone reducir la cantidad de métricas retrospectivas para enfocarse en indicadores de inversión a futuro y comparar el desempeño contra un grupo de mercado comercial, en lugar de hacerlo solo contra otros tres esquemas, centralizando todo en una base de datos unificada.
Aunque la implementación total de este marco regulatorio se espera recién para 2028, sujeto a la aprobación parlamentaria y el Asentimiento Real de las leyes correspondientes, el mensaje es claro: la transparencia y la comparación objetiva de costos y rendimientos serán los pilares de los sistemas previsionales modernos, una tendencia que, tarde o temprano, marcará el rumbo de las discusiones sobre seguridad social a nivel global.
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